Una
noticia humana sobresale en toda la vorágine de titulares repetidos entre
política y masacres terroristas. Según The Financial Times, hace años que en
Japón los ancianos cometen pequeños robos para que les lleven a la cárcel. No
son grandes cosas, no hay violencia. Simplemente es la causa que necesitan para
que les lleven a la cárcel, donde tienen asistencia médica gratuita. La noticia
parecería casi una broma si no escondiera una realidad detrás: el 40% de los
mayores de 60 años viven solos, los ingresos son bajos y el país es caro.
Más
de la tercera parte de los hurtos (el 35%) son reincidentes, y no poco: en 2013
el 40% de ellos robaron más de seis veces. Comparado con 1991, una época de bonanza
económica, han aumentado un 460%.
Es
un síntoma de una sociedad (la moderna)
en la que se estima que hacia 2060 casi la mitad de su población tendrá más de
60 años. Los estándares de vida actuales, los sistemas laborales y la poca
protección a las capas no productivas de la sociedad (niños y mayores) están
empujando a muchas personas a buscar soluciones desesperadas.
Porque
ha de ser desesperante que la única solución para tener techo y comida cuando
se han cumplido 60 años sea estar en la cárcel. Puede parecer una peculiaridad
de la sociedad nipona, pero es un síntoma de lo que puede ocurrir en cualquier
lugar.
La
obsesión por hacer negocio con lo que sea, convirtiendo la salud en un producto
más, es contraproducente. No sólo a nivel humano, por el desasosiego y el
desamparo. No sólo a nivel social, por el abandono descarnado sobre aquellas
personas que trabajaron durante décadas en la creación del status que tenemos
todos. También a nivel poblacional: un colectivo empobrecido y enfermo
consolida una sociedad y un país empobrecido y enfermo.
Los
hospitales y la asistencia médica en sí misma, tiene un costo elevado. Las
industrias farmacéuticas invierten muchísimos recursos en conseguir fórmulas y
productos que mejoren la salud. Las empresas que fabrican maquinaria médica
también han de pagar salarios e impuestos. Todo ese coste ha de ser cubierto,
lógicamente. Pero hay un punto en que deja de ser beneficio razonable para entrar en usura.
No
se puede etiquetar la salud, que no deja de ser Vida, como un negocio. Un estado debe proteger la vida de sus
ciudadanos, porque ellos son la razón de ser de un Estado. Ningún país
existiría, por definición, si no tuviera personas. Por tanto, las personas son
lo principal, y han de estar protegidas por las instituciones a las que
entregan sus impuestos y en las que delegan la gestión de las cuestiones públicas.